(Nota de le editore: esta es la introducción del especial de Baudó Agencia Pública, enlace a la investigación completa al final de la nota)
Las cifras están a la vista. En los últimos diez años la Fiscalía General de la Nación ha dado trámite a 11.617 noticias criminales que tienen como víctimas a una o varias personas de la población LGBTIQ.
Son más de 11 mil hechos de violencia, agresiones, homicidios o discriminación, que llegaron a investigaciones penales en la Fiscalía entre 2013 y 2023, de las cuáles 8.183 siguen en procesos activos, lo que significa que aún no hay veredictos de la justicia en contra de los responsables. La Fiscalía no respondió a nuestro requerimiento sobre cuántos de estos procesos efectivamente han derivado en fallos y condenas.
Este exhaustivo trabajo es el resultado de varios meses de rastreo y cruce de bases de datos, fuentes de información y registros de noticias criminales de la Fiscalía General de la Nación, información obtenida a través de derechos de petición a entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y la propia Fiscalía.
Además, contrastamos con bases de datos independientes de las organizaciones Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, esta última registró en sólo tres años, entre 2021 y 2023, una cifra de 10.954 casos victimizantes, casi la misma cantidad de hechos violentos que los registrados por la Fiscalía en una década. Aquello, en opinión de Wilson Castañeda, es una muestra más del enorme subregistro que existe en el país en torno a las violencias contra la población sexualmente diversa, violencia que no suele llegar a instancias judiciales, lo que se traduce en impunidad.
Nuestro mapa revela que las agresiones, discriminaciones y violencias contra la población LGBTIQ son sistemáticas y persistentes en todos los departamentos del país.No obstante, a pesar del desolador panorama, también hemos incluido hitos, voces y logros de una comunidad que ha conquistado importantes victorias jurídicas en los últimos años con una línea de tiempo que da cuenta de una larga lucha de tres décadas desde la promulgación de la Constitución de 1991. Este esfuerzo busca visibilizar la lucha hacia un futuro libre de agresiones, crímenes y odio.
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