El 23 de marzo de 2023, organizaciones de la sociedad civil comunicaron sobre la conformación del Bloque Disidente como respuesta a la “falta de horizontalidad, la corrupción, el influyentismo y el oportunismo” en el proceso de organización de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en Ciudad de México. Desde las denuncias por pinkwashing, la población sexodisidente ha expresado distintas posturas respecto al rumbo que ha tomado la conmemoración de una de las efemérides más importantes.
“Pareciera que el Mes del Orgullo es heterosexual, para las estrellas de la televisión y las marcas”, manifiesta Alaín Pinzón (VIHve Libre) días después de que el Bloque Disidente tomó distancia de la primera línea en las movilizaciones feministas y de mujeres organizadas.
Inicialmente, el acuerpamiento conformado por Lleca-Escuchando Calle, House of Magdalena, Diversidad, cultura, género, alimentación y ciencia (Divu A.C.), VIHve Libre y Movimiento por la Igualdad en México (MOVii) se presentó como Bloque Negro, denominación originada en Alemania Occidental (Schwarzer Bloc) que hace referencia a estrategias de acción directa basadas en la autonomía y el principio de igualdad. En México, estos grupos políticos han marcado un antes y un después en las movilizaciones del 8 de marzo (8M), 28 de septiembre (28S) y 25 de noviembre (25N).
El cambio de nombre no tiene que ver con una renuncia o un rechazo a la radicalización, el enfrentamiento con fuerzas policiales/militares o la intervención de símbolos, monumentos y/o edificios. La propuesta de una okupa del espacio público sin iconoclasia encuentra como motivo la preservación de la seguridad. Así como lo expresa Lilith, activista trans de Cuernavaca, la Marcha del Orgullo de CDMX es la segunda más grande de la región; la antecede la de Brasil.
De acuerdo con estimaciones de medios de comunicación, en 2022 las calles y avenidas aledañas a Paseo de la Reforma y el Zócalo recibieron a cerca de 300 mil personas. Sin embargo, la colosal asistencia no es la única razón detrás. Por un lado, nuestro país se encuentra en la mira de organismos como Amnistía Internacional por la constante vulneración al derecho a la protesta. Por otro, desde el año 2000 es evidente —cínica y exacerbada— la mercantilización que atraviesa a la lucha por los derechos LGBTTTIQA+.
Con relación al actuar de las autoridades, el uso de la fuerza, las detenciones ilegales, el uso de gas lacrimógeno y la criminalización se han mantenido como constantes. Si bien el Gobierno capitalino se ha autoproclamado como “LGBTfriendly” y garante de una ciudad segura, respetuosa y no discriminatoria, en la actual gestión se ha violentado a poblaciones trans (incluidas las infancias y adolescencias), que viven con VIH y/o que ejercen el trabajo sexual.
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Con la narrativa estigmatizante de los grupos que exhibieron las negligencias del sistema público de salud (específicamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS), la represión policiaca durante la Marcha por la Remembranza Trans (20 de noviembre de 2021) y las agresiones en el Congreso de CDMX (21 de febrero de 2023) como antecedentes, el Bloque Disidente siente la imperante responsabilidad de resguardar la integridad física y emocional de las, los y les participantes. Además, Lilith puntualiza que, a diferencia del actuar de los bloques negros del 8M, 28S y 25N, no se trata de una movilización separatista.
“Al estar revueltes existe el riesgo de que si el Gobierno llega a mandar grupo de choque, en la marcha hay infancias, personas mayores y que viven con discapacidades. Durante la segunda reunión, hubo varias personas que estuvimos de acuerdo en que quienes quisieran ir encapuchadxs para no ser reconocidxs, lo podían hacer. Pero dejamos claro que la violencia en la vía pública no es una de nuestras finalidades. Llegamos al entendido de que la violencia es nuestra última opción por si nadie pone atención o por si los medios de comunicación omiten lo que sucede. Nos deslindamos de cualquier persona que en nuestro nombre haga iconoclasia o agreda a alguien de la Policía”.
Desde la perspectiva de Victoria Sámano, activista trans y fundadora de Lleca, el planteamiento de escenarios hostiles no sólo está ligado a los atropellos que cometen las y los representantes de la política formal y las fuerzas de ‘seguridad’. La extremadura de precauciones toma como referencia la forma en la que se ha llevado a cabo la conmemoración del Mes del Orgullo.
Acorde con Divu A.C., “siempre ha habido personas que han expresado su desacuerdo con la logística”. No obstante, la pandemia por COVID-19 es un factor a tomar en cuenta. Después de trasladar el evento a un formato en línea, quedó claro que algunos comités no están escuchando a la población que ‘representan’.
Para 2022, la gran mayoría de los medios locales llevó a cabo una cobertura poco comprometida. Brindaron espacio a los pormenores que enfrentaron algunas celebridades y aplaudieron el amurallado de las avenidas centrales de la metrópoli. A manera de confrontación y denuncia, en redes sociodigitales (especialmente Twitter), ONG y activistas a título personal dieron a conocer las condiciones en las que — a duras penas— hicieron valer su derecho a la protesta, reunión y libertad de expresión.
Pese al historial de represión y desdén por los movimientos, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se autonombró como la encargada de dar el banderazo. En un intervalo de tres horas quienes sufrieron de ataques de pánico, ansiedad y malestares como mareo y deshidratación no encontraron ayuda médica. Aun así, se presumió que la Secretaría de Salud (Ssa) y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención a casi 150 casos.
Uno de los primeros contingentes en dar cuenta de la situación fue el Movimiento de Personas con Discapacidad. En el comunicado del 27 de junio de 2022, las, los y les firmantes dijeron vivir “momentos de riesgo y discriminación debido a la falta de empatía e inclusión y la carencia de organización”.
En paralelo a la denuncia, Twitter registró publicaciones en las que se atestiguó la inaccesibilidad de las calles y el trato selectivo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De acuerdo con Divu A.C., dichas situaciones se vinculan de manera directa con la monetización de la Marcha y, a la vez, sustentan la necesidad de contar con un Bloque Disidente.
“La presencia policial sólo estaba ahí para amedrentar a los vendedores ambulantes. Porque para gestionar, no hacían nada. De repente, parece que el propio Gobierno no tiene idea de cómo hacer eso. También es evidente que no escucha a las personas que asisten. En todo lo que va del siglo, la logística ha sido un tema caótico. Desde el primer sexenio de los 2000 se generó mucho debate con relación a la participación de los antros. Se tenía la preocupación de que podría dejar de ser un ejercicio meramente ciudadano. En 2017, con la entrada de las marcas surgieron otros malestares”.
Al tener como antecedente las denuncias expuestas en redes sociodigitales tras la 44° Marcha LGBT+, Altavoz LGBT+ solicitó vía transparencia el informe de personas lesionadas . Sin embargo, es perceptible una disparidad entre los datos y los testimonios. Acorde con la Secretaría de Protección Civil capitalina, únicamente se atendió a un hombre en el grupo etario de 18-59 años.
Las calles son ¿nuestras?
La corporativización del Mes del Orgullo no es exclusiva de México. En América, los países en los que se posiciona como una discusión espinosa son Brasil, Estados Unidos y Canadá. Sumado a los beneficios que tiene para el abusivo, violento y corrosivo capitalismo, la desmesurada presencia de marcas atraviesa por cuestiones de regulación y —en su mayoría— de nula transparencia.
En 2022, la denuncia por parte del Movimiento de Personas con Discapacidad exhibió la ruta embustera que despolitiza la lucha sexodisidente. La protección prioritaria a las embajadas, figuras políticas, celebridades (muchas de ellas con un largo expediente LGBTfóbico) y empresas dejó claro que el Gobierno capitalino no es capaz de garantizar lo mínimo en una movilización: el bienestar de las personas. Al respecto, Víctor Espíndola (MOVii) explica:
“Tenemos una preocupación muy profunda y seria sobre el rumbo que está tomando la Marcha del Orgullo en CDMX: un enfoque muy comercial que diluye la razón histórica de reclamo, reivindicación, lucha y constitución de derechos. Vemos que cada vez es más notoria y perjudicial la presencia de entidades que sólo buscan el lucro y no la consecución de las causas. Otra de nuestras preocupaciones tiene que ver con el incremento de vehículos. Es un problema para la circulación de las personas; se han presentado atropellamientos y casos de electrocutamiento. La misma logística del evento se ha visto obstaculizada. Una manifestación cuyo recorrido no debe durar más de cuatro horas toma a las organizaciones hasta siete, ocho o nueve horas. Es insostenible. Además de poner en riesgo la salud de quienes participan, no podemos subestimar el impacto que tiene para el medio ambiente”.
Las declaraciones de Espíndola no son una visión “paranoica o fatalista”. En 2017, medios nacionales informaron sobre el desplome del piso de un carro alegórico. Cinco años después, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Sgirpc) atendió a una persona que cayó de uno de los vehículos. En su comunicado de 2022, el Movimiento de Personas con Discapacidad acentuó que durante casi 30 minutos pudieron “estar en medio de una estampida”. Asimismo, pocos fueron los medios que reportaron las agresiones que enfrentó el contingente de personas que viven con VIH.
En atención a la solicitud presentada por Altavoz LGBT+ en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX puntualizó que durante la Marcha del Orgullo se coordina con la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual del Gobierno de la Ciudad de México (RIADS). Asimismo, la dependencia expresó que a lo largo de los eventos de este tipo se cuenta con “Testigos Supervisores”. Es decir, un equipo que “se encarga de establecer y mantener coordinación (…) tanto para documentar, como para emitir opiniones o recomendaciones verbales, a fin de prevenir la consumación de hechos violatorios a los Derechos Humanos”. Igualmente, la SSC asegura contar con 16 protocolos de actuación. De ellos destaca el derivado del Acuerdo 55/2018: “Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para Preservar los Derechos Humanos de las Personas que Pertenezcan a las Poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual”.
Con relación al impacto ecológico, pocos son los comités que abogan por alternativas menos destructivas. A pesar de que en estados como Guanajuato los colectivos han implementado medidas contra la contaminación (por ejemplo, llevar bolsa para depositar la basura), varios grupos de las sexodiversidades mantienen una marcada negativa al retiro de los automotores, medida que, como señala la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), podría reducir el 20% de las emisiones contaminantes.
“Entre el 2000 y 2012 se tenía acordado que los automotores debían estar hasta atrás. Al parecer, en 2022, no hubo orden; las marcas se pusieron donde quisieron y la gente no se podía mover. Fue una total falta de respeto para las personas LGBTTTIQA+, en especial para las neurodivergencias. En una marcha, la prioridad debería ser la gente. Si realmente tuvieran interés, lo primero que harían las marcas sería preguntar a la comunidad qué necesita. Están ocupando un lugar tan significativo y simbólico que, bajo el actual contexto, es bastante desagradable”.
Tal y como lo enfatiza Divu A.C., 2023 no es la primera vez en la que parte de las poblaciones sexodiversas comparte una postura crítica ante el modelo comercial, partidista y star system. En 2022, integrantes del ahora Bloque Disidente “tuvieron un momento de incidencia al tomar las instalaciones de la sede nacional del IMSS en Paseo de la Reforma 476”.
No obstante, aclara Espíndola, la decisión de conformar un bloque de manera pública y formal fue detonada por las publicaciones en donde se acusó a Gay Pride, uno de los tres comités involucrados en la organización de la marcha en CDMX, de supuestamente cobrar la presencia en el evento. A lo largo del 23 de marzo de 2023, en Twitter se leyó que dicho grupo “sólo busca sacar dinero con las celebridades que han hecho nada por nosotrxs” y que, además, presuntamente maneja paquetes diamante, platino, oro y plata cuyo valor va de los 75 mil al millón de pesos. Con relación a las capturas de pantallas que presumían al actor y político homofóbico Alfredo Adame como headliner, MOVii comenta:
“Lo que cambió la conversación fue ese documento en el que se filtraron las tarifas en el recorrido y el evento final, también incluyendo en su cartelera a personas impresentables porque han sido incongruentes en su actuar público y que definitivamente no tienen que ver con una reivindicación de derechos. Esto dio pistas de cómo se están haciendo las cosas en CDMX”.
Así como Victoria Sámano, otros integrantes del Bloque Disidente miran con recelo el actuar del Gobierno. Además de “resultar curioso que las autoridades están más interesadas en sentarse a discutir temas de una marcha en la que se involucran millones de pesos”, llama la atención la permisividad a numerosas inconsistencias. Como se expresa desde Divu A.C.:
“El gobierno no nos otorga autorizaciones para manifestarnos; es un derecho. Pero, de entrada no debería permitir la presencia de automotores. Con los antros es un tema un poquito aparte, cuestionable, pero aparte. Cuando ya hablamos de vehículos en el espacio público sin los reglamentos adecuados es prácticamente un arma. Las autoridades deberían tomar una posición más tajante. Respecto a la transparencia de los recursos, poco a nada se sabe. En 2014 y 2015, el Comité IncluyeT presentó informes, pero ahora no hay información. Si tú como gobierno dices que no estás destinando recursos y el Comité tampoco, entonces ¿qué sucede?, ¿de dónde sale ese dinero? No estamos hablando de un peso, sino de miles. No saben de dónde vienen y a dónde van. También nos queda la duda de quién decide a qué se destina”.
Como parte de la opacidad de datos, el Bloque Disidente mantiene la hipótesis de que la laxa postura del equipo liderado por Sheinbaum es estratégica. Pese a los altos índices de violencia (27 agresiones registradas hasta mediados de mayo de 2023, según la plataforma Visible), las negligencias sanitarias frente a la atención de la viruela símica (monkeypox), el desabasto de medicamentos antirretrovirales y el reconocimiento legal y digno de las poblaciones trans y no binaries (NB), la presente administración insiste en promocionar a la capital como “una ciudad de derechos”. En perspectiva de Espíndola:
“El gobierno no está compartiendo nuestra preocupación y tampoco está siendo lo suficientemente asertivo con relación a la toma de decisiones respecto a la organización de la marcha. No lo hacemos por un ánimo de que nos tenga que dar permiso para movilizarnos, pero sí en que esta se dé en una forma ordenada. No estamos viendo que actúe en consecuencia”.
En complemento con la postura de MOVii, Alaín Pinzón asegura que la conformación del Bloque Disidente no sólo encuentra como motivo la repolitización. Subraya que “también se trata de visibilizar las exigencias de las poblaciones que se desdibujan en las polémicas de los comités”. Por ejemplo: la derogación del artículo 159 del Código Penal de CDMX, misma que pretende criminalizar a quienes viven con VIH o ejercen el trabajo sexual.
“Las pugnas que tienen los comités desde hace años dejan ver que son superficiales y mínimas. Este acuerpamiento hace ver que existe todo un conglomerado de personas sexodisidentes que no se toman en cuenta para una cosa tan sencilla como lo es la organización de la Marcha del Orgullo”.
No sólo es la capital: la urgencia de tejer redes de norte a sur
Desde marzo, la separación tajante de una movilización con claros tintes empresariales y de capital político ha vislumbrado los puntos ásperos y fragmentarios de las comunidades sexodiversas en la capital. El 3 de mayo de 2023, el Bloque Disidente denunció que durante la reunión de planificación de la XLV Marcha (2 de mayo) recibió amenazas por parte del Director General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos, Jaime Morales y “otrxs participantes”.
Semanas previas, sus rostros estuvieron en memes y gráficos en donde se les culpa de una supuesta complicidad con representantes del Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Las acusaciones de la “cercanía con la derecha mexicana y el gobierno de Estados Unidos” convivieron con comentarios en los que, con desprecio, se les reclamó “por arruinar la celebración y los colores del Pride”.
No obstante, en otras partes de la República se hizo eco a la urgencia de “reivindicar el carácter social, político e histórico”. Sámano tiene razón: hay un sentimiento colectivo que apunta a un quiebre en la historia de la movilización LGBTTTIQA+.
Desde la periferia, Diego Meza ha seguido paso a paso el alcance de los comunicados del Bloque Disidente. Con un tono eufórico y lleno de optimismo, cuenta que en TikTok! “hay una gran cantidad de usuarios (sobre todo de comunidades indígenas) que no quieren más capitalización”. Sabe que, en medio de la internacionalización del actuar de grupos antiderechos, “hay personas que comparten ideales y una verdadera intención de cambiar las cosas”.
Al mover el mapa, en la frontera sur, Yair Córdova asegura que es una oportunidad para “retomar y problematizar las conversaciones incómodas”. Según comparte, en entidades como Quintana Roo y Yucatán, los criterios de las convocatorias para participar en las marchas son “muy elitistas” e implican pactos con autoridades negligentes.
“El Bloque Disidente es el primer acto simbólico de lo que implica ser una persona LGBTTTIQA+. El acaparamiento sigue existiendo. No podemos hacer como que no pasa nada. En muchas partes del país, los eventos terminan por ser para los gays blancos, heteronormados y con cierto poder adquisitivo. Tampoco podemos quedarnos en silencio ante el hecho de que el año pasado, el comité decidió entregar la marcha al ayuntamiento”.
Así como Quintana Roo, Jalisco es uno de los estados con mayores esfuerzos para resaltar su oferta turística y ‘hospitalidad’ LGBTTTIQA+. Al residir en Puerto Vallarta, Víctor Espíndola está convencido de que “el uso político, económico y partidista de las marchas del orgullo es un fenómeno nacional en el que hay una presencia apabullante de las empresas y el desplazamiento de las organizaciones comunitarias”. A razón de ello, insiste en que:
“La estrategia del Bloque Disidente tiene que ver con un deseo legítimo, una aspiración y un anhelo de quienes trabajamos en y con la sociedad civil. Estamos en una coyuntura nacional e internacional en la que debemos defender los espacios que nos corresponden. Recuperar los espacios comunitarios con el impacto ciudadano y la lucha social es fundamental para que podamos detener a las fuerzas antiderechos”.
En Morelos — que a principios de 2021 también se promocionó como un destino gay-friendly pese a la alta cifra de crímenes de odio— Lilith manifiesta que en Cuernavaca el Mes del Orgullo sigue una lógica similar a la de Yucatán y Quintana Roo. “Nadie conoce a la marcha más que como marcha gay o Pride”, introduce. Al momento de reflexionar en la molestia que sienten algunos sectores —privilegiados— cuando se les exhorta a mantener una postura crítica respecto a la organización, asume estar de acuerdo con que “en cierto modo, se obstruye su celebración”.
En 2022, Visible contabilizó un total de 938 agresiones en el territorio nacional. A nivel federal, las autoridades sanitarias brillaron por un manejo ineficiente de los diagnósticos por viruela del mono. A lo largo del primer semestre de 2023, se ha alentado sobre el avance de iniciativas de ley basadas en el discurso de odio (tal es el caso de los proyectos presentados por el diputado Carlos Olson San Vicente y la diputada América Rangel) y en ciudades como Torreón y Saltillo los Ecosig siguen representando una de las mayores vulneraciones a los Derechos Humanos. Para Lilith, el motivo de su participación en el Bloque Disidente es muy claro:
“Tenemos mucho de qué sentirnos orgulloses, pero no para celebrar. Si quieren tomarlo como que nosotres estamos dificultando su fiesta, que lo vean de esa manera. Porque también nos han hecho a un lado y de muchas maneras. Estamos regresando al verdadero propósito y significado de lo que es marchar. No vamos a celebrar que nos discriminan y asesinan”.
Paralelo a expresar acuerdo con Diego en que “donde hay sangre, represión y violencia no se puede festejar”, Lilith enfatiza que la apuesta es visibilizar lo que ocurre fuera de Ciudad de México. Confía en que “cada estado que vea internamente que pasa lo mismo que en la capital tenga el interés de marcar un punto y aparte en lo que significa la Marcha del Orgullo”.
Por su parte, las expectativas de Divu A.C. apuntan a que los procesos y las dinámicas de organización empiecen a apegarse a los principios del derecho a la protesta. Desde el punto de vista de dicha asociación, es fundamental que las autoridades no tengan ni gocen de la comodidad del silencio.
“Este acuerpamiento es un acto de presencia para hacerle ver al gobierno de CDMX que si otorga permisos a los intereses comerciales, va a haber una respuesta. Para que al menos, la próxima vez se planteen la situación y tomen otro tipo de medidas. Nos gustaría que, como en otros países, el comité no se autoelija. Que se siga un proceso democrático en el que se incluya a líderes comunitarios, en el que se haga un desglose exhaustivo y lo más preciso de gastos, así como el establecimiento de acuerdos en materia de seguridad”.
A pocas semanas del Mes del Orgullo, el Bloque Disidente conserva su rúbrica. La marcha no le pertenece a ningún comité o gobierno. Le pertenece a personas LGBTTTIQA+ que, como Yair, “se comprometen a mantener la llama encendida para recordar que necesitamos mover el piso a quienes piensan que estamos soles”.
