Por primera vez en Nuevo León se celebró una boda entre dos hombres privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Apodaca.
MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Jonathan de 25 años y Pedro de 26 son dos hombres gay que se encuentran cumpliendo una sentencia en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Apodaca, en Nuevo León, donde se conocieron hace alrededor de tres años, e iniciaron una relación sentimental poco después. Tras un par de años de relación decidieron casarse y solicitaron la ayuda de abogadas y activistas que les acompañaran en el trámite ante las autoridades.
El despacho H&G Abogados decidió tomar el caso desde un principio. Una de sus abogadas conversó con Altavoz LGBT+: “Fui al registro civil para revisar el trámite, y fueron muy amables, desde que les llevamos los papeles ya nos estaban dando fecha y todo, pero en el centro penitenciario fue donde nos encontramos con cuestiones administrativas, de que faltaba un papel o un oficio“.
El despacho buscó ayuda de activistas locales para acompañarles. Rubén Maza, presidente de It Gets Better México, fue uno de los involucrados:
“El equipo de abogadas se acercó a nosotros para conocer más del trámite y ayudarles a cumplir todos los requisitos, al ser dos personas privadas de su libertad además de los requisitos del registro civil pueden haber otros requerimientos particulares relacionados con el proceso, y les ayudamos a que todo estuviera en orden”.
Sin embargo, Rubén cuenta que desde el principio hubieron muchos obstáculos para concluir el trámite: “Hasta el último momento hubo un trato diferenciado a la pareja, por ejemplo yo fui considerado para ser testigo social, parte de la comunidad LGBT+ que iba a compartir y celebrar con ellos su matrimonio, sin embargo a pesar de tener todos los requisitos administrativos y de seguridad para ingresar, no me dejaron pasar”.
Una de las abogadas de la pareja comenta que en otros casos se permite el ingreso de familiares al CERESO para celebrar el momento, pero en esta ocasión no se permitió que nadie ingresara: “nos dijeron que por seguridad no iba a haber familiares, como nos hubiera gustado, pero al final lo bueno para ellos es que alcanzaron su meta de casarse”. Las abogadas del bufet que les representa fueron quienes al final firmaron como testigos del acto civil.
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“Estaban muy emocionados de por fin lograr casarse, Pedro llegó muy bien peinado, con rosas rojas de papel hechas a mano, muy nervioso eso sí” comentó su abogada.
Para llevar a cabo el proceso también fue necesaria la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes realizaron una revisión al penal en el mes de julio y pidieron a las autoridades penitenciarias que se hiciera el trámite dentro de los siguientes 30 días para que la pareja pudiera ejercer su derecho a casarse.
“Si la ley lo permite, las autoridades de seguridad tendrían que garantizar que se puedan ejercer estos derechos” señala Rubén, y añade: “este tipo de trámites (que dos personas del mismo género privadas de su libertad se casen) ya había ocurrido en el penal femenil, no tendría que ser tan complicado”.
Por último, la abogada de la pareja expresó: “Me gustaría invitar a las autoridades que intervienen en estas situaciones a que faciliten las condiciones de las personas privadas de su libertad para ejercer sus derechos, por que al final con esta boda van a adquirir nuevos derechos y obligaciones como cualquier otro matrimonio”.
En Nuevo León el matrimonio igualitario fue aprobado por el Congreso del Estado apenas en Junio de 2023, sin embargo lleva años realizándose en la entidad gracias a los amparos interpuestos por sociedad civil y a una orden judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
