(comunicado)
MÉRIDA, YUCATÁN.- El pasado 10 de Febrero el Colectivo Por Todas las Familias Yucatán y AMICUS interpusieron un amparo en el Juzgado de Distrito contra el Gobernador del Estado de Yucatán y el Congreso del Estado por la ausencia de una partida presupuestal destinada a restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTQ+ en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado el cual fue concedido el 13 de junio del 2023 por el Juez Quinto de Distrito con sede en Mérida.
Juan Pablo Delgado director de AMICUS, explicó que en Guanajuato también se ganó este amparo desde el año pasado, por lo que se ha generado un presupuesto para la realización de un diagnóstico y en función de ello diseñar y aplicar programas y recursos para las necesidades de la población LGBTQ+ de esa entidad, también señaló que se están llevando a cabo litigios estratégicos similares en varios estados del país.
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Por su parte César Briceño miembro del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán señaló que esperan que el Gobernador Mauricio Vila y el Congreso de Yucatán tomen las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de amparo a la brevedad y señaló que en lo que va de esta administración no se ha creado ni implementado ningún tipo de política pública dirigida a este grupo vulnerable y añadió que “cualquier intento por retrasar aún más la inclusión de esta partida presupuestal se vería como una falta de voluntad política y un acto de violencia institucional contra la población LGBTQ+ en Yucatán.”
Y en ese sentido recordó que el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Yucatán, Victor Hugo Lozano Poveda declaró en febrero pasado que acatará la sentencia del Juez.
Se aclaró que este presupuesto –según dicta la sentencia– debe ser destinado para crear políticas públicas integrales que restituyan y garanticen los derechos de las personas LGBTQ+ en Yucatán y no debe ser confundido por el Ejecutivo con un presupuesto para festivales, espectáculos y autopromoción.
Se espera que esta sentencia deje un precedente que beneficie no solo a la población LGBTQ+ sino también a otros grupos vulnerables.
