MÉRIDA, YUCATÁN.- A dos años de haberse aprobado la reforma de ley que permitiría prohibir en Yucatán los “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género” (ECOSIG) el gobierno del panista Mauricio Vila ha omitido su publicación en el Diario Oficial del Estado, por lo que no ha entrado en vigor. Los cambios al Código Penal fueron aprobados por el Congreso del Estado el 25 de agosto de 2021.
Las organizaciones Kanan Derechos Humanos y el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (ColectivoPTFYuc) presentaron una demanda de amparo contra el Gobierno del Estado para exigir que se publique dicha reforma.
“El jefe del ejecutivo estatal Mauricio Vila Dosal ha hecho caso omiso una vez más de sus responsabilidades de promulgar y publicar la reforma, lo cual impide que entre en vigor y puedan ser denunciadas dichas violencias contra las personas LGBTQ+ en Yucatán” señalaron las organizaciones en un comunicado de prensa al respecto de la demanda. El amparo fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán.
La reforma aprobada adiciona el “Capítulo VI BIS: Terapias de conversión” y prevé de 1 a 3 años de prisión y hasta 200 días de multa “a quien obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapias, métodos, tratamientos o actos tendientes a anular y/o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima…”. La sanción sera el doble en el caso de menores de edad, y una mitad más en el caso de personas de edad avanzada, personas con discapacidad, privadas de su libertad o que por cualquier circunstancia no puedan resistirse.
El periodismo LGBT+ que hacemos requiere de tu apoyo.
Si este contenido te parece interesante, compártelo con alguien más y ayúdanos a llegar a más personas, y si te es posible ayúdanos a seguir contando las historias LGBT+ que importan con una contribución económica:
También este año el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán en conjunto con la organización AMICUS interpusieron un amparo en el Juzgado de Distrito contra el Gobernador del Estado de Yucatán y el Congreso del Estado por la ausencia de una partida presupuestal destinada a restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTQ+ en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado el cual fue concedido el 13 de junio del 2023 por el Juez Quinto de Distrito con sede en Mérida.
“Debido a que los derechos de la comunidad LGBTQ+ no han sido tomados en consideración por parte del gobernador durante toda su gestión, nos vemos en la necesidad una vez más de obligarlo desde la sociedad civil a hacer su trabajo por la vía judicial para contrarrestar la violencia institucional contra la población LGBTQ+ que ha caracterizado a toda su administración” concluyen las organizaciones.
