Una serie de inconsistencias y decenas de pruebas que no fueron consideradas fueron el factor clave para la liberación del único detenido por el asesinato de Mireya Rodríguez Lemus, activista trans chihuahuense, quien fue encontrada sin vida en su domicilio el 02 de septiembre de 2020, con visibles huellas de violencia.
CHIHUAHUA, CHIH.- Pese a que se presentaron 65 pruebas documentales y 65 testimoniales, los jueces encargados de revisar el caso del asesinato de la activista trans Mireya Rodríguez Lemus sólo consideraron 11, según informó Laura Hernández de la organización Letra S y abogada de la familia. Hernández aseguró que darán seguimiento a las apelaciones que presente la Fiscalía del Estado de Chihuahua respecto a la liberación de Iván Arturo G. P., quien era el único detenido por el caso.
Mayte Regina Gardea, presidenta de Unión y Fuerza de Mujeres Trans de Chihuahua, organización que presidía en vida Mireya Rodríguez, expresó su descontento con la noticia:
“La violencia nos ha sobrepasado en todos los sentidos, ¿Por qué? Porque no hay justicia, realmente este tipo de jueces son un peligro para nuestros estados. Estos jueces son un peligro para el país… Hoy a mi me pueden matar, pueden matar a cualquiera de nosotras, y no pasa nada. Nos están dejando en una situación muy vulnerable”
Mayte, quien fue testigo protegida del caso, señaló ante medios de comunicación que el hoy liberado era cliente de las trabajadoras sexuales de la zona donde Mireya laboraba, y por lo tanto todas están en riesgo ahora que se encuentra en libertad, pues dice, él las puede identificar fácilmente.
Pruebas inconsistentes
Entre las pruebas que el Ministerio Público presentó ante la justicia para su consideración se encontraban un pantalón y un par de tenis con sangre tanto del acusado como de Mireya, los cuales estaban en una cubeta con cloro en el domicilio de Iván Arturo G. P., mismos que coincidían con las huellas de sangre en el domicilio de Mireya.
Pese a esto, estas pruebas fueron desechadas ante el argumento de la defensa de que tanto el pantalón como los zapatos eran un par de tallas más grandes que los que el acusado utilizaría. Sin embargo, Mayte Regina señaló que esto se debe a la forma de vestir del acusado:
“En casa de él se encuentra ropa y tenis con sangre de él y de Mireya, esto lo dice una prueba científica. Resulta que todo esto no le bastó a los jueces. Los jueces dicen que el fulano es de talla 28 y los pantalones que encontraron en su casa eran de talla 34, cuando él viste de manera chola, ropa floja (holgada), los tenis eran de un número mayor del que él usaba, yo soy talla 6 ½ y en tenis para andar cómoda uso 7 o 7 ½, los jueces se basan en eso para liberarlo”
Otras de las pruebas que no fueron tomadas en cuenta por los jueces son el celular de Mireya, que estaba en posesión del presunto asesino, quien además habría vendido el auto de la víctima después del asesinato. Los jueces encargados del caso fueron Lucero Anaid Moreno Navarrete, Ricardo Márquez Torres y Aram Delgado García.
Línea del tiempo incongruente con los hechos
Otra de las grandes fallas del caso, y que terminó por ser base para la liberación del presunto asesino, fue la línea del tiempo, es decir, el orden en el que ocurrieron las cosas, la cual presenta incongruencias en la versión de la fiscalía y de la defensa del acusado, según informó Laura Hernández, abogada de la familia.
Al momento de la autopsia de Mireya, realizada el 2 de septiembre de 2020, día en que se encuentra su cuerpo sin vida en su domicilio, el médico legista concluye que no se puede precisar con exactitud la fecha de la muerte, debido a diferentes factores, pero asegura que fue en los últimos 5 días.
El tribunal determinó entonces que Mireya habría sido asesinada el viernes 28 de agosto por la mañana, sin embargo, ese mismo día acudió a la Fiscalía General del Estado por un asunto relacionado con una denuncia, y por la tarde fue visitada por una amiga. Además, según la abogada, Mireya fue vista por sus vecinos el sábado 29, y estuvo en contacto vía whatsapp todo ese día con sus amigas.
“Existen las sábanas de comunicación del celular, entre las mujeres trans y la familia con Mireya. Esto el juez no las toma en cuenta, y ahí está la prueba documental de la comunicación de Mireya con su familia hasta las 11:30 de la noche, y también está la comunicación en el 28 y 29 (de agosto)” señaló.
Por esto, el Ministerio Público determinó en la carpeta de investigación que el asesinato debió ocurrir entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto, lo cual es inconsistente con el criterio de los jueces, que no tomaron en cuenta el resto de pruebas presentadas por la fiscalía.
Revictimización hasta el último momento
El fallo del tribunal cuenta con un sinfín de frases que revictimizan a Mireya, según la abogada, pues en el mismo se menciona que la víctima “era robusta, tenía manos grandes, y era agresiva”, mientras que del acusado se dice que “era deportista y estaba alejado de las drogas”.
“Pareciera que los jueces trataran de justificar su fallo en la sentencia, con prejuicios hacia Mireya y las mujeres trans” señaló.
Además, durante el juicio no se tomó en cuenta el análisis de contexto presentado a los jueces para que se juzgara con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos, debido a la situación de violencia que viven las mujeres trans de Chihuahua.
El día que acudieron al tribunal a leer la sentencia, una jueza señaló a Mayte Regina y le indicó que no podía estar en la sala por ser testigo protegida, lo que la identificó como tal frente a la defensa del hoy liberado, y la puso en alto riesgo. Por otra parte, tanto a ella como a la abogada de la familia se les colocaron tres guardias de seguridad durante la lectura, mientras que al acusado no se le colocó ninguno, lo cual fue visto como una actitud hostil hacia las víctimas.
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Chihuahua, estado transfeminicida
Desde hace varios años, el estado de Chihuahua ha ocupado el lugar del segundo estado más violento de toda la república, tan sólo por detrás de Veracruz, según informes de Letra S. Su titular, Alejandro Brito, comentó:
“Nosotros como Letra S venimos registrando las muertes violentas de personas LGBTIQ+ a falta de cifras oficiales. No hay cifras de ninguna institución que haga este conteo, de personas asesinadas por prejuicio de su identidad u orientación.”
Señaló además que en el año 2020, cuando murió Mireya, se registraron 9 muertes violentas de personas LGBTIQ+ en Chihuahua, de las cuales 5 fueron mujeres trans. Al año siguiente, en 2021, se registraron 6 muertes violentas, la mitad de mujeres trans.
Además, de 2017 a 2021 hay registro de al menos 44 muertes violentas de personas LGBTIQ+ en la entidad, de las cuales 25 fueron mujeres trans, que es el grupo más agredido de la diversidad.
“En estos casos no se identifica al asesino, a veces ni siquiera se identifica a la víctima, no se tiene contacto con la familia. Y cuando se identifica al asesino no es detenido, y cuando lo es, como en este caso, los jueces fallan a su favor con una determinación absolutoria” concluyó Brito.
Una situación insostenible
La abogada de la familia, Laura Hernández, expresó que este es el primer caso donde logran que todas las mujeres trans que testificaron en el juicio sean consideradas víctimas indirectas del asesinato. Pese a esto, el miedo se ha apoderado de todas ellas después de conocer el fallo absolutorio:
“El transfeminicida nos identifica muy bien, él era cliente en el trabajo sexual, él sabe quiénes somos, y por eso sentimos este temor, yo se lo dije al fiscal, si a Marisela (Escobedo) que estaba afuera del Palacio (de Gobierno) llega un fulano y la asesina, imagínense en nuestro caso, si vivimos en un estado que prefiere decir que nosotras nos buscamos esta situación” señaló Mayte Regina, y añadió: “Estamos en un momento de indefensión totalmente, nos sentimos como si el estado nos estuviera matando (…) la fiscalía ha estado dando rondines en la zona de trabajo y en nuestros domicilios, se nos dio una aplicación tipo botón de pánico para estas situaciones, estamos al pendiente si alguna tiene que ir a algún hotel o motel, estamos desde el día uno monitoreando la zona”
Por esto, han solicitado a la Fiscalía del Estado y a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que se les apliquen medidas de seguridad, tanto a Mayte Regina como al padre de Mireya, Jesús Rodríguez, quien también declaró:
“Yo lo que más quisiera es que se le hiciera justicia. Cuando se cometió el crimen no sólo me quitaron una hija, me quitaron mi salud, espero que este mensaje les llegue a todos y que lo escuchen jueces honestos y hagan valer la vida humana” concluyó Jesús.
Escucha el episodio de nuestro podcast donde hablamos a profundidad sobre este tema:
