La gobernadora Marina del Pilar Ávila, de origen morenista, declaró un día después de que se aprobara la ley contra los ECOSIG en Baja California que no la publicará. Asegura que mandará algunas correcciones al Congreso del Estado, pues dice, no se le tomó en cuenta en la discusión.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. – El pasado jueves 21 de abril de 2022 el Congreso del Estado de Baja California aprobó por 20 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones la reforma al Código Penal que castiga con hasta 6 años de cárcel a quien imparta u obligue a tomar una “pseudoterapia de conversión” o ECOSIG (Esfuerzo para Cambiar la Orientación Sexual o Identidad de Género).
Sin embargo, al día siguiente de su aprobación la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, del partido Morena, aseguró a reporteros que regresará al Congreso la ley con algunas modificaciones, que según activistas locales, podrían hacer que sigan operando los ECOSIG en Baja California en total impunidad.
Pese a que asegura que está de acuerdo con la ley, una de las propuestas de modificación que podría pedir la gobernadora, según sus propias declaraciones, es que los ECOSIG sólo se castiguen en lo casos en que exista plena seguridad de que se acudió a dichas “terapias” en contra de la voluntad de la víctima.
Eduardo Arredondo, activista independiente de Mexicali y miembro del Parlamento Juvenil, señaló a Altavoz LGBT+ que hacer esta modificación deja abierta la puerta para que los grupos que ya imparten desde hace años estas pseudoterapias de conversión sigan operando sin ningún problema, pues se requeriría de una denuncia directa de las víctimas para poder aplicar la ley.
“Cabe destacar que en ningún momento el representante del Ejecutivo ni nadie más de parte de la gobernadora presentó estas propuestas por escrito durante la discusión de la ley, sólo de manera verbal” indica Eduardo.
Se refiere a que durante la discusión en la Comisión de Igualdad donde se aprobó la ley antes de pasarla al resto de diputados, estuvo presente José Fernando Velardez Núñez, quien se desempeña como Director de Proyectos Legislativos de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la Gobernadora Ávila.
Sin embargo, en dicha discusión propuso que se retirara uno de los puntos que permite a los jueces aplicar penas mínimas o máximas por este delito (de 2 a 6 años), según su criterio y la gravedad de cada caso, y dejar en su lugar una pena fija, pero nunca propuso lo declarado por la gobernadora: que el delito sólo sea perseguido si la víctima declara que fue obligada a acudir o tomar el ECOSIG.
La iniciativa
La ley que fue aprobada por legisladores locales indica que se aplicarán hasta 6 años de prisión a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, servicio o práctica que obstaculice, restringa, impida, menoscabe, anule, o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, además de obligar a las autoridades estatales a no promover ni aplicar este tipo de pseudoterapias. Según la redacción actual de la ley, este delito podrá ser perseguido por denuncia, la cual puede ser presentada por cualquier persona (no necesariamente la víctima).
Todavía es necesario que la gobernadora Ávila publique dicha ley para que empiece a aplicarse, sin embargo, esto podría verse atrasado si prosperan las modificaciones que pretende imponer, o en su caso, decide vetar la iniciativa.
“Nos preocupa que la gobernadora ejerza esta presión sobre los legisladores. Hay la posibilidad de que simplemente vete la iniciativa, eso nos volvería a dejar en el mismo estatus donde estábamos antes. Ha sido un esfuerzo muy grande, muy desgastante, para lograr una reforma como esta” señaló Eduardo.
Obstáculos en el camino
Eduardo también indicó que ya tienen identificadas a varias personas y grupos que se dedican a ofrecer e impartir estas pseudo terapias de conversión, con las que supuestamente “cambian el estilo de vida de las personas”. Incluso, declaró, estos grupos ya han aceptado públicamente (en reunión con el ex Gobernador Jaime Bonilla) que llevan más de 15 años aplicando estas pseudo terapias.
Eduardo teme que los grupos conservadores estén presionando a la gobernadora Marina del Pilar Ávila para que vete u obstaculice la aplicación de esta ley, pues asegura que no sólo sería un golpe a la moral de quienes imparten estas pseudoterapias, también sería un golpe a sus bolsillos pues estos “cursos”, “acompañamientos” o “terapias” les generan ingresos económicos.
Además, Eduardo acusa que estos grupos han estado presentes en el Congreso para tratar de frenar la iniciativa:
“Son las mismas personas de siempre, tú vas al congreso y son las mismas personas que están en contra de cualquier iniciativa de derechos humanos, está el Frente nacional por la familia metido de lleno, incluso el obispo (José Isidro Guerrero Macías) antes de morir se presentaba en el congreso para movilizar a las personas”.
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Eduardo adelantó que agrupaciones LGBT+ de Baja California se pronunciarán al respecto de las declaraciones de la gobernadora y le exigirán que publique la ley. El Parlamento Juvenil al que pertenece aún no fija una postura al respecto.
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