La noticia tomó por sorpresa y con gran indignación a organizaciones LGBT+ de Chihuahua y del resto del país, pues pese a que no se contaba aún con una sentencia se creía que en este caso sí se encontraría justicia ante la abrumadora cantidad de pruebas que había tras el transfeminicidio.
CHIHUAHUA, CHIH.- Este viernes 8 de julio fue liberado Iván Arturo G. P., quien era el único detenido por el asesinato de la activista de Derechos Humanos de la población Trans de Chihuahua, Mireya Rodríguez Lemus, presidenta de Unión y Fuerza de Mujeres Trans AC, según información de sus amigas cercanas quienes han acompañado el caso.
Mayte Regina Gardea, quien actualmente dirige la organización que presidía Mireya y que fundaron juntas, declaró que no entiende cómo es que liberaron al acusado si todas las pruebas apuntaban a él: “Él tenía su auto, y el fue quién lo vendió. Además encontraron en su casa ropa con sangre que era de Mireya, por decir las pruebas más contundentes”.
Y añadió: “Hoy el Estado y sus jueces nos mataron a las personas trans. Al transfeminicida lo dejan libre y a nosotras nos condenan a vivir en el miedo y la zozobra de pensar quién sigue”.
Por su parte Karla Arvizo, presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua y amiga de Mireya, expresó en sus redes sociales su indignación ante el asunto: “Al Estado no le importamos, somos el segundo lugar en crímenes de odio por diversidad sexual. Hoy asesinaron dos veces a Mireya. Con todo el dolor del mundo EXIGIMOS JUSTICIA”.
El Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua emitió un comunicado donde exige a la gobernadora María Eugenia Campos Galván que se haga justicia en este caso y se avance en las investigaciones de los demás transfeminicidios que no cuentan siquiera con una línea de investigación.
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Mireya Rodríguez Lemus fue vista por última vez el 28 de agosto de 2020, y encontrada sin vida la madrugada del 02 de septiembre del mismo año, en su domicilio en el municipio de Aquiles Serdán, a las afueras de la ciudad de Chihuahua.
Organizaciones locales y nacionales se unieron para exigir justicia ante su asesinato, el cual calificaron como transfeminicidio, debido a la forma en que se efectuó y a que Mireya era una activista por los derechos de las personas trans muy visible por su trabajo en la ciudad de Chihuahua, donde constantemente asistía a reuniones con funcionarios públicos y protestas por los derechos humanos.
El asesinato también fue condenado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que a través de un comunicado pidió agotar todas las líneas de investigación y tratar el asesinato como un crimen de odio por cuestiones de género.
Pocas semanas después del asesinato, el 20 de septiembre se 2022, un juez de control vinculó a proceso a Iván Arturo G. P. por el asesinato. La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada lo acusó por homicidio agravado por razón de género y robo con penalidad agravada, pues tras el delito robó tanto su automóvil como su teléfono celular.
