Emmanuel y Alejandro fueron discriminados en el Registro Civil del Estado de Puebla / Foto: Especial
Emmanuel y Alejandro planearon durante 6 meses su boda en Puebla. Tenían lista la recepción donde celebrarían el momento y sus invitados les esperaban con ansias. Sin embargo, una jueza del registro civil les impidió casarse.
PUEBLA, PUE.- La jueza Paola Díaz Aranda, del Juzgado Cuarto del Registro Civil de Puebla, impidió a Emmanuel Romero y Alejandro Romero contraer nupcias el pasado 28 de abril, debido a que ambos viven con VIH. La jueza argumentó que no se podía llevar a cabo el matrimonio debido a que el artículo 299 del Código Civil del Estado de Puebla señala que “Es impedimento para contraer matrimonio (…) cualquier enfermedad que sea además contagiosa y hereditaria”.
En entrevista para Altavoz LGBT+, Emmanuel comentó que habían acudido al registro civil al menos 4 veces durante el mes anterior a su boda, con la finalidad de que todo estuviera en orden para el día que habían elegido:
Juzgado Cuarto de lo Civil en Puebla – Foto: Vida Plena Puebla
“Fuimos a preguntar costos, requisitos, y para saber si habría un problema por el estado serológico de ambos, a lo que nos contestaron que no había problema siempre y cuando lleváramos una carta responsiva donde expresáramos que sabíamos el estado serológico del otro”.
Sin embargo, cuando ya estaban realizando el trámite, la funcionaria que los atendió se detuvo a revisar sus exámenes prenupciales, donde se indicaba que ambos viven con VIH, y detuvo el trámite para consultar con la Jueza Díaz Aranda si podían continuar con el trámite, tras lo cual ella los llamó a su despacho.
“Ahí nos dijo que no nos podía casar y que la ley se lo impedía. Nos enojamos muchísimo, mi novio se puso a llorar de coraje e impotencia. La jueza le pidió que no llorara. Nunca nos habían discriminado en la vida, ni la familia, ni la escuela, ni el trabajo, y a esta edad que te discrimine el estado… Estábamos perplejos, molestos y decepcionados. En teoría ya se había permitido el matrimonio igualitario”
Puebla aprobó el matrimonio igualitario el 3 de noviembre de 2020, después de rechazar en 2018 y 2019 dos propuestas similares, a pesar de un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2017. Tras un segundo pronunciamiento, diputados que habían votado en contra cambiaron de opinión, y se aprobó con 31 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.
Tras la negativa, Emmanuel solicitó el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) y de la organización México Igualitario, quienes llegaron a apoyarlos en el momento y trataron de que se les permitiera acceder a su derecho a casarse, sin embargo no tuvieron éxito en el momento.
“La orden viene de arriba”
Marco Antonio Moreno, de México Igualitario, ha acompañado desde entonces el caso de Emmanuel y Alejandro:
“Tenemos 13 años trabajando el tema de matrimonio igualitario, conocemos bien el tema (…) le explicamos a la jueza que era inconstitucional lo que estaba haciendo por ser discriminatorio, y al final terminó diciendo que se sentía acosada y que nosotros éramos quienes la estábamos discriminando”
Marco señala que no es una cuestión sólo de la jueza, sino que se trata de una instrucción “de más arriba”:
“En el Juzgado Primero también les dijeron lo mismo (…) hay una orden de la dirección del registro civil para que no se realicen este tipo de matrimonios (entre personas que viven con VIH) pues antes sí se realizaban” señaló.
Marco cuestiona también que este trato diferenciado se dé específicamente en casos de parejas gay que viven con VIH, y que no se use el mismo argumento para impedir matrimonios de personas heterosexuales que viven con enfermedades hereditarias o contagiosas (como indica la ley), como diabetes, o hasta un resfriado.
Emmanuel Romero también comentó que la jueza argumentaba que sus “superiores” no le permitían llevar a cabo el matrimonio.
Manuel Carmona Sosa, Director del Registro Civil del Estado de Puebla / Foto: Gobierno del Estado de Puebla
Por su parte, el director del Registro Civil, Manuel Carmona Sosa, niega que exista dicha orden:
“Yo no he dado esa orden, esa instrucción no existe de mi parte. Cada juez tiene libertad técnica y autonomía para resolver los casos que les llegan y son responsables de las decisiones que tomen (…) lo que hizo la juez fue por su propio criterio, no es el criterio de la institución ni es el criterio del Gobierno del Estado” señaló en entrevista con Altavoz LGBT+.
Carmona Sosa dijo además que el argumento de la jueza Díaz Aranda cuenta con un sustento legal, aunque la norma pueda resultar anacrónica y discriminatoria:
“La juez tiene un fundamento legal, sí considero que esta disposición es anacrónica, quedó desfasada a como ha evolucionado la sociedad, y sí hay una discriminación, pero esta discriminación emana de la propia ley, y como servidores públicos tenemos que atenernos a la ley. Para que esto se arregle de manera permanente el Congreso del Estado tiene que impulsar una modificación legislativa para que esto se quite del Código Civil”.
El funcionario agregó que queda fuera de sus funciones impulsar una reforma a este artículo.
El periodismo LGBT+ que hacemos requiere de tu apoyo.
Si este contenido te parece interesante, compártelo con alguien más y ayúdanos a llegar a más personas, y si te es posible ayúdanos a seguir contando las historias LGBT+ que importan con una contribución económica:
Ampararse: la única solución
Tras un par de horas tratando de convencer a la jueza de que los casara y no lograrlo, Emmanuel y Alejandro continuaron con su celebración como lo tenían previsto, pero con el sentimiento amargo de haber perdido una batalla contra el estado:
“La recepción empezaba a las 2:00, ya teníamos todo pagado, ya teníamos a los invitados esperándonos, y pues sí hicimos algo simbólico. Lo disfrutamos a medias, porque ya teníamos mucho coraje”
El paso siguiente para lograr casarse fue interponer un juicio de amparo. Marco Antonio Moreno y México Igualitario les ayudaron con el trámite para llevarlo a cabo:
“Este juicio ha tenido muy buena estrella porque el juez lo admitió muy pronto, y el pasado 31 de mayo ordenó que se conceda la suspensión mientras se resuelve el jucio. Esto quiere decir que Emmanuel y Alejandro ya se pueden casar en cualquier oficina del Registro Civil, aunque la sentencia final pueda tardar hasta 4 meses”
Añadió que esta es la primera vez que un juez les otorga una suspensión de este tipo: “el juez, de manera adelantada, está señalando que sí hubo una violación a derechos humanos (…) es evidente la discriminación a tal grado que el juez de amparo toma esta medida”.
Emmanuel señala que piensan casarse en un par de semanas, después de que se celebre la Marcha del Orgullo en Puebla, programada para el 18 de junio.
La lucha sigue
Para Emmanuel y Alejandro es importante llevar su caso al público, para evitar que se sigan violando los derechos de la población que vive con VIH en nuestro país:
“Nosotros salimos a dar la cara para que la comunidad sepa que hay organizaciones que te pueden ayudar, que tenemos que defender nuestros derechos”.
Emmanuel y Alejandro frente a la Catedral de Puebla / Foto: Especial
Por ahora les toca esperar que se resuelva a su favor el juicio de amparo. Emmanuel asegura que pedirán una disculpa pública y medidas de no repetición para que cambien las cosas en el Registro Civil.
El director del registro civil, Manuel Carmona Sosa, confirmó a este medio que ya se encuentra redactando un acuerdo administrativo que tiene como fin establecer un criterio que prevalezca para evitar casos similares al de Emmanuel y Alejandro:
“No hay una mala intención o mala disposición de impedir ni los matrimonios igualitarios ni favorecer esquemas de discriminación, pero sí de guiarse por cuestiones fundamentadas en la ley. Sin embargo en un estudio posterior más amplio sobre el caso, estoy trabajando en un acuerdo con el fin de divulgar y publicar y notificar a los juzgados de todo el estado a que nos aboquemos a privilegiar el principio Pro persona y que en un futuro se pueda dar un cambio a la ley, que eso no depende de nosotros, pero que por lo pronto en el día a día situaciones que pudieran presentarse en el futuro ya no tengan esta restricción” aseguró.
Aunque este acuerdo no es de carácter obligatorio debido a la autonomía de cada juez, Carmona Sosa confía en que adoptarán la medida. Por último el funcionario lamentó la situación que ocurrió en el Registro Civil, y aseguró que ya trabajan en erradicar la discriminación y la desigualdad.
Marco Antonio Moreno explicó que este es uno de varios casos de discriminación que suceden a diario, sin embargo muy pocas personas están dispuestas a enfrentar al estado para exigir que se cumplan sus derechos:
“Mientras tengamos una sociedad homofóbica, mientras sigan los crímenes de odio, que las empresas sigan haciendo exámenes de VIH sin el consentimiento de sus trabajadores, las condiciones van a seguir hostiles, y nadie le puede exigir a nadie que se vuelva el héroe y luche, porque el temor puede ser paralizante”
Concluyó que el caso de Emmanuel y Alejandro es importante para que la gente sepa que sí se puede luchar contra esta discriminación, e invitó a la población que ha sufrido alguna violación a sus derechos a que se acerque a México Igualitario: “No todos los juicios tienen que ser en público, siempre cuidamos mucho la identidad de quienes denuncian. Acérquense y no permitan que esto siga pasando”.
David Adrián García
Editore y reportere. Escribo desde Chihuahua, México. Considero que las historias LGBT+ tienen que ser contadas por personas LGBT+, pero deben ser leídas por todes.
Me encuentras en twitter como @DavidAdrianGM, o me puedes mandar un correo a davidadrian@altavoz.lgbt
Las historias LGBT+importan
Suscríbete a nuestro boletín y recibe en tu correo electrónico una selección de historias y noticias LGBT+.
