Tras cuatro años de haber presentado la propuesta original, este martes 11 de octubre de 2022 por fin se votó a favor de prohibir los Esfuerzos para Cambiar la Orientación Sexual o Identidad de Género en México.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó la modificación al Código Penal Federal y la Ley General de Salud con el fin de prohibir en todo el país los Esfuerzos para Cambiar la Orientación Sexual o Identidad de Género (ECOSIG) de las personas LGBT+, con 69 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones.
La propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación, y en su caso, aprobación. De aprobarse, se aplicarán sanciones de “dos a seis años de prisión a quien realice, imparta, aplique obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.
Asimismo, las sanciones se duplican si las conductas se aplican contra menores de 18 años, personas adultas mayores o con alguna discapacidad, y los profesionales de la salud que impartan, apliquen, obliguen o financien este tipo de tratamientos serán suspendidos de su ejercicio profesional de uno a tres años. El delito será perseguido sólo si la persona afectada interpone una denuncia, según las modificaciones que se le hicieron a la propuesta original de la ley.
La iniciativa fue presentada desde octubre de 2018 por las senadoras Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, Alejandra Lagunes del Partido Verde Ecologista y Citlalli Hernández Mora, actual Secretaria General del Partido de Morena, y ha sido impulsada por activistas LGBT+ de todo el país así como por artistas y personalidades públicas, que se han manifestado en contra de los ECOSIG.
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Según la organización YAAJ México, una de las impulsoras de esta inicitiva: “Los ECOSIG buscan reprimir la sexualidad de los individuos mediante prácticas como golpes, “terapias” de conversión, privación ilegal de la libertad y violaciones “correctivas”, para curar algo que desde décadas dejó de considerarse una enfermedad. Sus principales víctimas son jóvenes LGBTI+, generando un daño irreparable a su salud mental a lo largo de su vida adulta y en el peor de los casos, orillándoles al suicidio”.
La Senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, aclaró que esta propuesta de ley no pretende sancionar a padres o madres de familia, o tutores que busquen ayuda psicológica o psiquiátrica para sus hijes, ni tampoco a quienes consulten a un ministro de culto religioso, como han argumentado grupos anti-derechos que se oponen a esta ley y a otras similares propuestas en diversos estados de México: “Lo que no se permitirá es que esas personas prometan “curar” una orientación sexual o identidad de género”.
