El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán y la asociación civil Amicus presentaron una demanda de amparo para que el Presupuesto de Egresos 2023 del estado de Yucatán incluya una partida para atender, restituir y garantizar los derechos de la población LGBTIQ+.
MÉRIDA, YUCATÁN- El Congreso del Estado de Yucatán y el gobernador Mauricio Vila, fueron demandados por no incluir en el Presupuesto de Egresos 2023 una partida para atender, restituir y garantizar los derechos de la población LGBTIQ+.
La demanda de amparo fue presentada por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias (PTF) en Yucatán y la asociación civil Amicus el pasado 10 de febrero en el Juzgado Quinto de Distrito, y quedó asentada en el expediente 226/2023.
De acuerdo con Juan Pablo Delgado, director de Amicus, el hecho de que no se genere una partida para la población LGBTIQ+, viola la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, y los criterios para la confección de presupuestos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta última instancia, en su informe sobre políticas públicas, menciona la necesidad de crear anexos presupuestales destinados a la atención focalizada de poblaciones, entre ellas, las de la diversidad sexual y de género.
Con la demanda se busca que, por primera vez en la historia de Yucatán, se destinen recursos específicamente para la creación de programas y políticas públicas enfocadas en las necesidades y vigilancia del cumplimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y queer.
César Briceño, integrante del Colectivo PTF Yucatán, reiteró que la presente administración estatal no ha sido la excepción y no ha creado ni implementado programas para velar por los derechos de la diversidad sexual.
“La población LGBTIQ+ en el estado es una población vulnerable y recibe un impacto diferenciado, por eso son necesarios mecanismos, políticas públicas de protección y atención dirigidas a atender, restituir y garantizar sus derechos. La falta de políticas públicas es violencia institucional, porque nos invisibiliza y vulnera”, precisó el activista.
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Los antecedentes
Este tipo de litigio estratégico no es nuevo: a principios del año pasado, la asociación Amicus demandó al Congreso del Estado de Guanajuato y al gobernador Diego Rodríguez por no incluir una partida específicamente para población LGBTIQ+ en el Presupuesto de Egresos.
En ese caso, la sentencia resultó favorable, con lo que se logró incluir una partida de 13 millones de pesos para políticas públicas referentes a la diversidad sexual y de género en el paquete presupuestal 2023. Esto, en opinión de Juan Pablo Delgado, sienta un buen precedente, pues Guanajuato y Yucatán “tienen paralelismos políticos”.
En Guanajuato, después de que la sentencia quedó firme, el Congreso y el Gobierno elaboraron un diagnóstico para conocer las necesidades de la población LGBTIQ+. Estiman que el estudio esté concluido en agosto de este año, y se alisten las condiciones para implementar políticas públicas focalizadas o relacionadas con las necesidades de la población de la diversidad sexual.
Cabe mencionar que tras la sentencia, otros sectores de la población guanajuatense manifestaron interés y deseos de participar en la toma de decisiones respecto a la asignación presupuestal. “Por ejemplo, hoy en León se está retando el presupuesto del municipio en materia de movilidad. Entonces todo esto puede ser un gran antecedente para otros grupos de población relativo al control del presupuesto y las políticas públicas”, sostuvo Juan Pablo Delgado.
Por otro lado, esta no es la primera vez que se demanda al Congreso yucateco por discriminar a la población LGBTIQ+: en el 2014 se presentó un recurso para que el Legislativo modificara la Constitución local y el Código de Familia a favor del matrimonio igualitario; en el 2019 se presentaron dos demandas contra las votaciones secretas con las cuales diputadas y diputados rechazaron la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, y se interpuso un recurso más por violar el Pacto Federal con dicha acción.
¿Qué se podría hacer con una partida presupuestal para la población LGBTIQ+?
Para Alex Orué, quien también forma parte del Colectivo PTF Yucatán, contar con una partida destinada a la población LGBT1Q+, permitiría el diseño de políticas públicas para disminuir la brecha de desigualdad que afecta a la población de la diversidad sexual, como impulsar y promocionar las actividades del Centro para Prevenir la Discriminación del estado, contar con personal suficiente y capacitado para atender denuncias de discriminación, generar programas de prevención, investigar y sancionar a quienes implementen las llamadas “terapias de conversión”, entre otras acciones que urgen pero han sido ignoradas.
“Vemos esta ausencia de interés del Gobierno del Estado en considerar presupuesto para abordar políticas públicas de prevención de la discriminación, de atención a comunidades vulnerables, entre ellas la comunidad LGBTIQ+. Es evidente que, a la hora de no considerarla ni siquiera en los presupuestos, es que no está en su mapa, no existe, no es su prioridad, y se nota, lo hemos visto en el transcurso de este sexenio. Mauricio Vila es un claro ejemplo de cómo se quiere mantener la ilusión de que en Yucatán no pasa nada, y sabemos que de muchos casos de discriminación”, apuntó.
Además de Yucatán, se promovieron amparos en contra de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado de México, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí y Aguascalientes, como se ha informado en Altavoz LGBT+.
